EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE NUESTRO PAIS.

La existencia de un ministerio de justicia en un Estado democrático moderno, es una garantía para el orden social, por ser la entidad con facultad para dictar normas y políticas públicas que faciliten el acceso a la justicia y la encargada de todo lo concerniente a la modernización del sistema de justicia, así como la encargada de la protección de los derechos de las personas, de la reinserción social y la seguridad jurídica.

Esta entidad, además, abarca todas las interacciones de los particulares con el sistema judicial, sin referirse inmediatamente a la justicia en sí, facilitando su acceso desde la denuncia o el contacto inicial, hasta la obtención de las reparaciones adecuadas. También garantiza la independencia del ejercicio de las funciones de los poderes del Estado, sin contradicciones, ni ingerencias entre uno y otro, en procura de la paz social, todo ello, en un marco de respeto a los principios de legalidad, de igualdad, de independencia e imparcialidad.

Para entender la necesidad este ministerio, debemos precisar de que este organismo forma parte de la administración pública, no se trata del poder judicial per se, una ligera exactitud técnica entre a ambas entidades nos despeja cualquier duda, sobre lo que es el ministerio de justicia y lo que es el poder judicial, que caracteriza a ambas entidades, lo primero que debemos entender es que al ministerio de justicia le corresponde velar por los servicios judiciales siguiendo las reglas de la rama de la administración pública

En cambio, el poder judicial le corresponde a la soberanía de los jueces, los cuales se encargan de aplicar la ley en los casos reputados legalmente punibles y resuelven los conflictos entre personas físicas o morales, ya sean de derecho privado o público, interviniendo en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en síntesis, este poder lo ejerce la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y por las leyes, en ese sentido, el ministerio de justicia es un auxiliar del poder judicial, que facilita la acción en justicia, antes de impartir justicia, durante esta y después de ella.

En la actualidad, las funciones que son propias de un ministerio de Justicia se encuentran diseminadas en diversos órganos del sistema de justicia dominicano, teniendo una mayor cargas de dichas funciones el Poder Judicial y la Procuraduría General de la Republica, a nuestro entender, estas mezcolanzas de funciones en ambas instituciones, son las causantes en ciertas formas de la brecha existente entre el Ministerio Publico y el Poder Judicial.

En la operatividad de ambas instituciones, se ve un contraste del cielo a la tierra, como se puede apreciar en la diferencia socioeconómica entre jueces y fiscales, la escasez de plataforma tecnológica y de infraestructuras propia del Ministerio Público (ejemplo: plataforma de audiencias virtuales durante la pandemia del covid-19 que logro el poder judicial y que no pudo instalar el ministerio público, la eliminación de expediente físico por el digital, el suministro de dispositivos tecnológicos a los jueces y personal administrativo, ect), entre otros servicios, que con la existencia de un ministerio de justicia en nuestro país, se podría cerrar esa brecha institucional

La propuesta formulada por el presidente de la Republica Dominicana licenciado Luís Rodolfo Abinader Corona es muy positiva, y ha sido aceptada con beneplácito en todos los estratos de opinión pública de la sociedad, aunque no es nada nuevo, es algo que sea venido reclamando desde que fue abolido este ministerio el 10 de noviembre del 1964 mediante la ley No. 485, pasando la mayor parte de sus funciones a la Procuraduría General de la Republica, situación que aún se mantiene.

En ese orden de ideas, es nuestro deseo de que esta inquietud del ciudadano presidente no caiga en el vació, que se le ponga el rigor de lugar de forma sincera, sin ligar intereses políticos, mediante un proceso de intercambios y consultas con entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, ya que este es un ministerio que históricamente ha sido reclamado por todos los actores del sector justicia y el planteamiento presidencial debe ser más abarcador y consensuado

Fuente Jesús Maria Suero

Related posts

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *